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La verdad sobre la Acción de Tutela en Colombia
¡La Acción de Tutela es la acción de amparo más importante de protección de los derechos fundamentales en Colombia!
La acción de tutela es, sin duda, uno de los pilares del Estado Social de Derecho en Colombia. Reglamentada desde que la Constitución de 1991, la consagró en su artículo 86, el procedimiento fue reglamentado mediante el Decreto 2591 de 1991, que estableció su carácter preferente, sumario, de acceso ágil, y eficaz, para proteger los derechos fundamentales frente a la acción u omisión de las autoridades y, en casos específicos, frente a particulares cuando quiera que han sido objeto de vulneración de sus derechos fundamentales inclusive en estados de excepción en tiempos de guerra.
¿Dónde radica su importancia?
Su importancia práctica no es solo teórica, ya que en la última década, la acción de tutela se consolidó como el principal mecanismo de reclamación ciudadana. Después de años de crecimiento sostenido, en 2023, se registraron alrededor de 742.876 tutelas y en el 2024, la Rama Judicial, reportó cerca de (952.251) tutelas recibidas.
La cifra mencionada, muestra tanto la utilidad de la acción como la presión que ejerce sobre la capacidad operativa en los despachos judiciales en todo el territorio nacional, frente a los funcionarios judiciales, quienes deben darle trámite preferente y exclusivisimo a dicha acción de amparo Constitucional, dada la importancia que tiene, mediante el procedimiento establecido en el decreto reglamentario.
La duración máxima es de 10 días, a diferencia de las demás acciones establecidas legalmente, que debido a la congestión del sistema judicial, pueden fácilmente tardar entre 2-5 años y que luego de hacerse uso de recursos ordinarios, pueden extenderse en el tiempo y durar más de 5 años, aunque, excepcionalmente, luego de agotarse los recursos extraordinarios ante los altos tribunales y altas Cortes, tardan 10 o más años.
¿Por qué la tutela es tan usada?
Porque es el instrumento jurídico de mayor accesibilidad, de trámite preferente y con efectos inmediatos y que además, permite a cualquier persona solicitar a un juez la protección urgente de un derecho fundamental que esté siendo vulnerado o amenazado. Eso ha permitido, por ejemplo, obligar a entidades públicas y privadas a garantizar atención médica, suministrar tratamientos o medicamentos, reconocer pensiones, proteger la libertad personal frente a detenciones arbitrarias y proteger otros derechos primordiales y básicos para las personas, cuando no existen otros recursos eficaces o rápidos para solucionar una situación jurídica en particular de manera rápida y efectiva.
Por otro lado, en cuanto a magnitud y beneficios concretos, las estadísticas recientes muestran el peso del derecho a la salud, como el primordial derecho. dentro del universo de tutelas. Por ello, el Ministerio de Salud, documentó específicamente que en el año 2024, decenas de miles de tutelas, se presentaron por parte de los ciudadanos, por vulneraciones al derecho a la salud con cifras del orden de las centenas de miles dentro del total a nivel nacional, un fenómeno que ha obligado a la adopción de medidas administrativas y judiciales, para mejorar la entrega de medicamentos, citas, procedimientos e inclusión de tratamientos costosos. Esa dinámica, ha supuesto beneficios directos para los beneficiarios y el suministro de medicamentos, realización de procedimientos no otorgados por las EPS, acceso a camas y atención prioritaria, reconocimiento de prestaciones y, en muchos casos, la protección inmediata de la vida y la salud de los Colombianos que padecen dificultades a diario, teniendo que acudir a las eps, con el fín de solicitar la prestación de los servicios de salud y el cubrimiento de sus prestaciones asistenciales dicese medicamentos cubierrtos en su mayoria por el POS.
¿Cuál ha sido su alcance?
Si buscamos una radiografía temática hasta el año 2025, la radicación de acciones de tutela, por temas ha sido de la siguiente forma: Salud: es el tema más tutelado ya que entre el 2023 y 2024, representó una proporción significativa del total de tutelas nacionales (centenares de miles), motivadas por negaciones de medicamentos, cirugías, citas y procedimientos vitales.
Educación, seguridad social (pensiones y prestaciones), mínimo vital y debido proceso/privación de la libertad: aparecen como otros ejes recurrentes de tutela, según la estadística consolidada y los informes de instituciones del Estado y prensa, la tutela se ha usado para reclamar desde matrícula o inclusión educativa, hasta el reconocimiento de pensiones y la protección frente a detenciones arbitrarias, o dilaciones procesales en los procesos judiciales penales.
Ese uso masivo, ha generado debates legítimos. Por un lado, la tutela ha sido un mecanismo de reparación y acceso efectivo a derechos para personas que, de otra forma, quedarían desprotegidas y en muchos casos, ha sido literalmente la vía que les permitió acceder a tratamientos que les salvaron las vidas en un momento determinado. Por otro lado, el crecimiento explosivo de expedientes tutelarles implica congestión judicial y tensiones competenciales, ya que los jueces deben resolver asuntos complejos con medidas inmediatas y a veces las autoridades administrativas que ven invadida su toma de decisiones por providencias provisionales, pero que deben cumplirlas a toda costa para garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales del tutelante o accionante de la misma.
El reto
Analizando las ventajas y tensiones, relacionadas con la acción de tutela, se explica el llamado a crear más políticas públicas eficaces, pero hay consenso entre jurisdicción, entidades de salud y académico/sector público, en que deben adoptarse políticas que reduzcan la necesidad de acudir a la tutela, y mejorar la oportunidad en la prestación de servicios, fortalecer canales administrativos eficaces, y corregir fallas estructurales, sin que ello signifique, debilitar la tutela como derecho de último recurso. La jurisprudencia y las circulares administrativas y la propia Corte Constitucional, han insistido en su carácter subsidiario, pero también en su papel como termómetro de fallas institucionales en todos los organos del Estado.
En conclusión
La tutela no es solo una acción de amparo o un recurso procesal, es una herramienta de “JUSTICIA SOCIAL”, y por ello, diremos que es la acción de amparo más importante del sistema jurídico Colombiano en todas las ramas del derecho que ha traducido los mandatos constitucionales, en resultados concretos para millones de colombianos. El reto para el futuro, es que esa herramienta conserve su eficacia sin convertirse en el sustituto natural de políticas públicas eficientes que solucionen los problemas de millones de colombianos.
Por lo anterior, debemos Defender la acción de tutela, y defender además el acceso inmediato a derechos y pedir reformas, que reduzcan la necesidad de acudir a ella.
Es la paradoja que nos obliga a pensar la tutela no como un fin, sino como una exigencia para que el Estado cumpla con sus obligaciones, consagradas en el ordenamiento jurídico.
¡Mientras el Estado no garantice derechos con oportunidad y calidad, la tutela seguirá siendo como nación la acción de amparo más importante en Colombia!.
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Su importancia práctica no es solo teórica, ya que en la última década, la acción de tutela se consolidó como el principal mecanismo de reclamación ciudadana. Después de años de crecimiento sostenido, en 2023, se registraron alrededor de 742.876 tutelas y en el 2024, la Rama Judicial, reportó cerca de (952.251) tutelas recibidas.
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